Los derechos de los niños y niñas:
nuestra misión

Cada niño tiene derecho a la vida. Es competencia de los gobiernos asegurar que los niños y niñas sobreviven, crecen y se desarrollan alcanzando su mayor potencial.

A pesar de su demostrada eficacia, 20 millones de niños al año no reciben vacunas que les protejan frente a enfermedades graves, como la poliomielitis o el sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la desconfianza ante las vacunas es una de las principales amenazas para la salud pública.

Todos los niños y niñas tienen derecho a la salud. Durante su crecimiento y desarrollo deben disfrutar del nivel más alto posible y recibir atención médica siempre que lo necesiten. Los gobiernos que han ratificado la Convención tienen que trabajar para que esto sea una realidad.

Evitar la desigualdad en el acceso a una atención a la salud, fortaleciendo los sistemas universales de atención primaria, contribuye a reducir las muertes maternas e infantiles. En el medio plazo, los cambios demográficos podrían sobrecargar los sistemas de salud de todo el mundo. En zonas como África, por el incremento de población, y en regiones como Asia o los países más desarrollados, por el envejecimiento de la población.

La violencia, los malos tratos, la explotación, los abusos... Son muchos los peligros que amenazan a los niños durante los años más importantes de su vida. El derecho a la protección es esencial para que puedan crecer lejos de estas situaciones.

Mas de 1 de cada 8 personas migrantes es un niño. En el proceso migratorio la posibilidad de ser víctimas de trata, explotación o violencia se multiplica. Es obligación de los Estados protegerlos, reunirlos con sus familias y proporcionar el acceso a otros derechos como salud y educación.

Todos los niños y niñas deben acceder a una educación de calidad que les permita desarrollarse física y mentalmente hasta el máximo de sus posibilidades. Para ello, la educación primaria debe ser gratuita y se debe facilitar el acceso a la secundaria y a la universidad.

Asegurar que las escuelas tienen una educación inclusiva, formar a los profesores y mejorar las instalaciones permite el acceso a niños y niñas con discapacidad a la educación, evitando el estigma y la discriminación.

Nada más nacer, el nombre de todos los niños y niñas debe ser inscrito en los registros oficiales. Si no consta en estos registros permanecerá invisible el resto de su vida, lo que dificulta la garantía del resto de sus derechos.

1 de cada 3 niños menores de cinco años en el mundo no está registrado. El uso de tecnologías móviles es una oportunidad para comunicar los nacimientos, efectuar el registro de forma rápida y facilitar el cumplimiento de sus derechos.

Los niños tienen derecho a obtener información de diversas fuentes, nacionales e internacionales, como Internet, la radio, la televisión y los periódicos. En este sentido, los medios de comunicación cumplen una importante función. Los adultos deben velar por que la información que reciben no sea perjudicial.

Los medios de comunicación y, especialmente, el entorno digital, desempeñan un papel cada vez más importante en la vida de niños y adolescentes. Los niños y niñas deben ser protegidos frente a información, contenidos y actitudes dañinos para su desarrollo, pero también ellos mismos ven valiosas oportunidades para el acceso a la información, la educación, el ocio y la expresión de sus opiniones.

En este balance entre oportunidades y riesgos, los estados y las familias deben estar muy atentos a la evolución de los formatos y exigir la implicación de los proveedores de servicios para que estos sean acordes con los derechos de la infancia.

Jugar, reír, soñar... Todos los niños tienen el derecho de seguir siendo niños durante toda su infancia. Por ello es muy importante que tengan tiempo y oportunidades para el ocio y las actividades culturales.

El juego y el ocio en los niños y las niñas no es algo banal, sino un elemento fundamental de su desarrollo y su socialización y por eso están reconocidos como derechos. El trabajo infantil, la carga excesiva de actividades educativas, la falta de espacios públicos o la comercialización de los espacios y los tiempos de ocio, limitan el ejercicio de estos derechos.

Los niños tienen mucho que decir, especialmente cuando se va a tomar una decisión que les afecta directamente. Por eso tienen todo el derecho a expresar libremente su opinión y ser escuchados.

Este derecho representa quizás la principal novedad de la Convención, el “derecho a la participación”. Sitúa a los niños y niñas como sujetos activos en la defensa de sus derechos (de acuerdo con su edad y desarrollo), ya no son solo beneficiarios de protección. Este derecho además se entiende como un derecho individual y colectivo.

Los niños y niñas tienen derecho a la vida privada. Las leyes deben proteger la privacidad de los niños, su familia, su domicilio, su correspondencia y su reputación frente a cualquier ataque o agresión.

Educar a los niños y niñas en el derecho a la privacidad y en proteger sus datos personales es responsabilidad de sus familias y de las administraciones. Los riesgos, especialmente en el contexto digital, son grandes y no son siempre evidentes para los niños, los padres o compañeros.

Los niños pueden formar grupos o unirse a ellos, siempre y cuando los fines sean pacíficos y respeten los derechos de las otras personas.

La visibilidad pública y las oportunidades de establecer redes en el entorno digital también pueden apoyar el activismo dirigido por los niños y empoderarlos como defensores de los derechos humanos. Se debe promover de forma especial entre aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan comunicarse entre sí, defender sus derechos y formar asociaciones.