830 millones más para la infancia en el acuerdo de presupuestos 2019
La escasa apuesta por el incremento de la prestación por hijo se acompaña con otras medidas que se dirigen directamente en los niños y sus familias.
18/10/2018
En un primer análisis en clave de infancia del acuerdo de presupuestos entre el Gobierno y Podemos anunciado el pasado jueves 11 de octubre destacarían 6 medidas que impactarían directamente en los niños, niñas y adolescentes. Medidas que, según nuestra metodología de análisis presupuestario, incrementarían en 829,9 millones de euros los destinados a la infancia respecto al presupuesto precedente.
Quizás la más llamativa y esperada de las medidas (por todos los compromisos y declaraciones previas, tanto del Gobierno como de Podemos) sea el incremento, hasta los 473 euros anuales, de la cuantía de la prestación por hijo menor de 18 años por razón de bajos ingresos familiares.
Como ya hemos manifestado las organizaciones de infancia, esta cifra resulta insuficiente para el abordaje de este grave problema. Aunque se puede considerar positiva en sí, un primer paso razonable en el incremento de estas prestaciones hubiera sido doblar su muy escasa dotación actual, de 291 euros por niño y año, lo que tendría un coste estimado de 337 millones. Según nuestra metodología, de los 180 millones que se destinan en el acuerdo para esta prestación, asignamos 90 a los niños, ya que es una política orientada tanto a niños como a los adultos responsables de ellos.
Presupuestos 2019: otras medidas para los niños
Además, otras medidas acordadas afectan directamente a los niños, en el sentido de que tienen que ver con políticas en las que los niños, o las familias con niños, son los principales protagonistas:
•El aumento de las becas estatales y su orientación a los estudiantes con rentas más bajas, con un coste estimado de 536 millones. Atribuiríamos a los niños y adolescentes un 34,5% de ese incremento, que correspondería a lo destinado a las becas a enseñanzas no obligatorias, pero quitando las becas universitarias: 184,92 millones.
•El acuerdo para financiar el material escolar para la enseñanza obligatoria a través de trasferencias a las comunidades autónomas. Todo el gasto acordado (50 millones) iría directamente a la infancia, ya que el beneficiario último de la medida es el derecho del niño a la educación.
•Lo mismo ocurre con las ayudas para comedor para combatir la pobreza infantil, cuyo importe de 25 millones se dirige en su totalidad a los niños y niñas.
•Algo más complejos de valorar son los fondos dedicados a la progresiva universalización de la etapa educativa de 0 a 3 años. En el total de los 330 millones previstos están los 30 millones de la Administración General del Estado y el permiso para las entidades locales con superávit para invertir parte de él en estos servicios hasta un total de 300 millones. En el mejor de los escenarios (si los ayuntamientos invirtiesen esos 300 millones), asignaríamos los 330 millones como gasto estricto en infancia.
•La equiparación del permiso de paternidad sería la sexta de estas medidas. Aunque tiene un fuerte componente de igualdad de género (y así se recoge en el acuerdo), sin duda también tiene un impacto positivo en la conciliación y en el cuidado de los niños y niñas en esta primera fase de sus vidas. La ampliación hasta las 8 semanas del permiso de paternidad en 2019 se ha valorado en 300 millones. Siguiendo el criterio de las prestaciones para familias con hijos, asignamos el 50% (150 millones) directamente a los niños.
Somos conscientes de que esta primera lectura no contempla otras medidas y cambios que recoge el acuerdo que podrían tener impactos positivos en la infancia (y especialmente en la más vulnerable), pero que en principio no están directamente orientadas a ella; por ejemplo, las relacionadas con la vivienda social, la pobreza energética, el incremento del salario mínimo, etc. Se trata de políticas más generales, cuyo análisis en clave de infancia también es muy interesante, pero aquí hemos querido ceñirnos a las medidas que estrictamente atienden a los niños.
Presupuestos 2019: lucha contra la pobreza infantil
El tema de la equidad de las medidas del acuerdo también es relevante. A nuestro juicio, y sin más criterio que el conocimiento general de esas políticas, de las 6 medidas, 4 se orientarían a los niños y las familias en situación de pobreza con bastante claridad: la prestación por hijo, las becas, las ayudas por comedor y material escolar.
El caso de la financiación de la educación de 0 a 3 años es más dudoso. Su orientación más o menos equitativa va a depender de las condiciones que imponga el programa, y de las normativas autonómicas y locales al respecto sobre cuáles son los requisitos de acceso a estos servicios (respecto al empleo de los padres, a los ingresos, etc.). En UNICEF, gracias un reciente informe, ya tenemos constancia de la diversidad de enfoques y situaciones en todo el país en relación con la educación infantil de primer ciclo, por lo que a priori es difícil aventurar un posible efecto en la igualdad de oportunidades en este momento.
Finalmente, los permisos de paternidad no tendrán un impacto equitativo respecto a los hogares con niños con menos ingresos: al tratarse de prestaciones contributivas beneficiarán más a aquellos que ya están en el mercado de trabajo y por lo tanto percibiendo un salario, y la prestación será mayor cuanto mayor sea el salario.
Faltan recursos en la prestación por hijo
Como comentario al margen y llamada de atención sobre como a veces la infancia "desaparece" a la hora de diseñar algunas medidas de políticas está el caso de la reducción del IVA para los productos de higiene femenina al 4% previsto en el acuerdo, mientras que los pañales infantiles aún permanecen al tipo general del 21%. Es difícil explicar por qué los mismos productos considerados de primera necesidad para personas mayores y mujeres no lo son para los niños y niñas.
En resumen, este acuerdo y sus posibles consecuencias en los próximos presupuestos del Estado pueden ser un paso adelante en el abordaje de una de las prioridades que se había marcado este Gobierno, el de la lucha contra la pobreza infantil. Cambia la orientación de los incrementos del gasto en familia de presupuestos anteriores (sobre todo centradas en desgravaciones fiscales) y pone el foco en algunas de sus medidas principales en los niños y niñas en situaciones más precarias, pero le falta aún el músculo necesario para abordar con determinación un medida que desde UNICEF España y el conjunto de organizaciones de infancia consideramos clave para la lucha contra la pobreza infantil: una prestación universal de 1.200 euros anuales por hijo, semejante a la que tienen muchos países de nuestro entorno.