Presupuestos Generales del Estado 2018: ¿dónde están los niños?
Si queremos garantizar los derechos de los niños, necesitamos una financiación adecuada. UNICEF lleva tiempo llamando la atención de gobiernos y administraciones públicas sobre esta premisa.
28/03/2018
En concreto, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ante la evidencia de los fuertes recortes en las inversiones públicas dedicadas a la infancia en los últimos años, pidió a España el pasado enero para que realizase "un aumento de las inversiones en educación y la prestación de servicios públicos en sus Presupuestos Generales del Estado" y que:
- Adopte un criterio basado en los derechos del niño a la hora de elaborar presupuestos públicos en los que se especifiquen claramente las asignaciones para los niños.
- Emprenda evaluaciones del impacto de las medidas jurídicas y normativas.
- Defina partidas presupuestarias dedicadas a los niños desfavorecidos o marginados que puedan requerir medidas sociales afirmativas, y vele por que esas partidas presupuestarias estén protegidas.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 presentado este martes, a partir de sus primeros anuncios (y a falta de un próximo análisis más en detalle), no atiende a las dos primeras recomendaciones, y tampoco parece atender especialmente a la última de ellas.
Si en los presupuestos 2017 se anunciaron medidas para la infancia por valor de 340 millones de euros (que se plasmaron finalmente en incremento real de apenas 20 millones de euros más, sobre un presupuesto total de 318.000 M€), para estos PGE 2018, lo que más llama la atención es que no se ven apenas orientados hacia los niños y niñas más vulnerables.
En relación con lo anunciado, se pueden considerar específicamente orientados a la infancia en las siguientes medidas: la ampliación del permiso de paternidad en una semana, el cheque guardería de 1.000 € anuales o el incremento de otras desgravaciones fiscales para familias numerosas.
PGE 2018: sigue la desigualdad
Lo que caracteriza estas tres medidas no es que no sean oportunas (la primera sin duda los es), sino que su carácter de desgravaciones fiscales o de prestaciones ligadas al empleo dificulta el que se beneficien de ellas los hogares con niños con ingresos más bajos o sin trabajo. A menos que se diseñen como un "impuesto negativo" del que se puedan beneficiar también los hogares con muy bajos ingresos, algo que no se ha confirmado.
A pesar de la alta pobreza infantil en nuestro país, y de las recomendaciones expresas, tanto del sector social, como de organismos de Naciones Unidas o la Comisión Europea, de mejorar la capacidad de España de reducirla, las nuevas medidas no parecen estar en esa línea y la (lenta) recuperación de los recursos públicos para familias e infancia no beneficia especialmente a los más vulnerables.
Sólo trasformando estas y otras desgravaciones fiscales de los últimos años en ayudas directas en forma de una prestación por niño (o un impuesto negativo) para familias bajo el umbral de la pobreza, ya mejorarían significativamente las cifras de pobreza infantil.
Por eso quizás lo que más nos llama la atención en estos presupuestos son las oportunidades perdidas, las medidas que no se están tomando, y en especial las destinadas a luchar contra la pobreza infantil.
Porque en cuanto a visión del país y derechos del niño, desaprovechar la recuperación económica para reducir la enorme brecha en el bienestar de la infancia que la crisis provocó, no es justo ni sostenible. Y menos en un país que se sitúa a la cola de Europa en gasto social en familias e infancia.