Teléfonos móviles en el aula: educando para la convivencia y la participación

A profesorado y familias nos toca remangarnos para afrontar la educación en un mundo digital. Puede que la tecnología nos desubique con sus posibilidades y riesgos, pero podemos abordarla en condiciones de seguridad hacia los más vulnerables.

24/01/2024

¿Has intentado mantener una conversación con tu hijo adolescente mientras sostiene su teléfono móvil, que no cesa de emitir sonidos y vibraciones? Si es así, no te será difícil empatizar con los docentes que deben guiar a un grupo numeroso de ellos y ellas para conseguir educarlos con un tiempo y recursos limitados.

Seguramente, durante esta pasada navidad, un gran número de niños, niñas y adolescentes habrán recibido como regalo un teléfono móvil (la media lo hace a los 10 años) 1, o una tablet, o una videoconsola, o un smartwatch, o un altavoz inteligente.

Han crecido interactuando con este tipo de dispositivos, y no conciben el mundo sin su existencia. Lo que quiero decir con esto es que la presencia de la tecnología digital, tanto en sus vidas como en las nuestras, es una realidad incontestable en nuestro quehacer diario.

Si digo que “la tecnología no es buena, ni mala, ni neutra”, ¿alguien pensaría que es una de las Leyes de la Tecnología que enunció el profesor estadounidense Melvin Kranzberg en los años 80? Probablemente no.

Y lo traigo aquí y ahora por ese último matiz sobre la neutralidad. Porque más allá de su uso, la mera presencia de la tecnología trasforma la realidad y nos enfrenta a nuevos conflictos que debemos resolver dentro de un marco ético.

Precisamente corrientes como el humanismo tecnológico buscan poner a las personas en el centro de cualquier avance y aquí los derechos humanos, y en concreto los derechos de la infancia, deben ser el referente para la resolución de cualquier controversia.

El Comité de Derechos del Niño, el órgano que vela internacionalmente por su cumplimiento, nos recuerda en su Observación General número 25 que “Los derechos de todos los niños deben respetarse, protegerse y hacerse efectivos en el entorno digital”.

Educación o prohibición

En estos días encontramos muchos titulares con una propuesta algo reduccionista desde mi punto de vista: “los móviles en las aulas: educación o prohibición”.

Se presentan ambas alternativas como absolutas e irreconciliables. Y es lógico, la presencia de los teléfonos móviles en las aulas provoca una serie de efectos no deseados: disrupciones en la dinámica de clases, grabación y difusión de contenidos sin los permisos de terceros, prácticas de acoso y ciberacoso escolar, absentismo virtual, trampas en exámenes, menor socialización, por citar algunos.

Y, por otro lado, hay acciones que, sin suceder en el recinto escolar, acaban proyectando allí sus consecuencias: falta de sueño, continuación del acoso y del ciberacoso, consumo de contenidos inadecuados, prácticas de riesgo (contacto con desconocidos, sexting) o alteración de la autoestima, entre otras. Recordemos que la mayor parte de tiempo de uso de estos dispositivos se produce fuera de la escuela.

En este contexto, no es de extrañar que algunas familias se hayan movilizado para reclamar medidas de protección, si bien lo que nos dicen los datos es que hasta ahora el acompañamiento y la supervisión parental en el uso de la tecnología en nuestro país son bajos (apenas un 29% pone normas de uso y solo un 13% limita los contenidos)1.

También los profesores y maestros necesitan un marco claro para abordar esta situación, divididos entre considerarlo un elemento distorsionador o un potente recurso educativo (basta con pensar en el impacto de las aplicaciones de la Inteligencia Artificial).

Confiscar y revisar un teléfono ante la sospecha de un mal uso en el aula, puede ser un elemento de conflicto si los procedimientos no están claros. Y la relación con las familias puede complicarse por las diversas circunstancias que se pueden encontrar.

Puede parecer razonable ante este panorama, sentir la pulsión de establecer un marco restrictivo ante la pérdida de control que familias y docentes sentimos. Sin embargo, actuar con base en ese primer impulso, puede hacernos perder el foco y no ser capaces de tener una mirada amplia y completa ante una situación que, por su relevancia, precisa un abordaje más complejo.

Garantizar los derechos de la infancia de forma integral

La escuela se encuentra ante un nuevo reto: preparar a los alumnos y alumnas para desenvolverse en un mundo digital que evoluciona a una velocidad sin precedentes. Pero también debe asegurar que se dan las condiciones adecuadas para que la vida y la convivencia escolar posibilite esta preparación.

Es fundamental abordar la relación con la tecnología desde una postura que garantice los derechos de la infancia de una forma integral. Educación, protección, participación y convivencia son objetivos que hay que equilibrar, y para ello parece oportuno avanzar en una regulación que permita:

• El pleno ejercicio del derecho a la educación, que permita llevar a cada alumno al máximo del desarrollo de sus capacidades.
• El desarrollo de las competencias digitales que le posibilite participar y desenvolverse en una sociedad digitalizada de forma responsable.
• La atención de las necesidades de compensación que la escuela ofrece al alumnado vulnerable también en el ámbito digital, en la llamada brecha de acompañamiento. 

Para hacerlo posible, los centros educativos deben contar con los recursos y conocimientos necesarios para avanzar en la educación en una sociedad digital. Pero también una sólida formación en derechos de infancia por parte de la comunidad educativa facilitará la adquisición de competencias ciudadanas que contribuyan a la resolución de conflictos.

Desde UNICEF España defendemos que la elaboración de cualquier normativa en el ámbito escolar, incluso a nivel de centro, tiene que contar con la opinión del alumnado, dando cariz educativo incluso al proceso de regulación y considerando sus capacidades evolutivas.

Los centros escolares necesitan soporte y apoyo

Parece oportuno que, dentro de la autonomía de centro, una de las características de nuestro sistema educativo, y de la libertad de cátedra se pueda hacer una adaptación a las distintas realidades, asegurando que cuentan con el soporte y apoyo de la administración educativa.

Está claro que en este contexto, será necesario alcanzar consensos y debemos actuar en un marco de coherencia. Esto es, las acciones deben ir acompañadas de la responsabilidad que adquiere el entorno protector de la infancia en su conjunto (familias, educadores, alumnado, instituciones y la industria que provee los servicios y contenidos) para poner en marcha los mecanismos necesarios que garanticen un acceso a un entorno digital protector como se recoge en nuestra legislación.

Puede que la tecnología nos desubique con sus sorprendentes avances. Sin embargo, si somos capaces de compartir esta ética en las decisiones, estaremos en condiciones de abordarlas en condiciones de seguridad hacia los más vulnerables.

El escenario opuesto es peor. Seremos reactivos ante los casos más extremos y siempre llegaremos tarde, fallando a aquellos que debemos proteger.

Desde UNICEF España seguiremos con atención la formulación de las nuevas leyes, que solo serán útiles si son capaces de contar con ese consenso, incluida la opinión de niños y niñas, un sincero grado de cooperación inter administrativa y dotadas de los recursos necesarios para su despliegue.