Ingreso Mínimo Vital: más cerca de “no dejar a nadie atrás"
¿Cuál es la medida más eficaz para reducir la inequidad y la intensidad de la pobreza infantil? Lo analizamos ante la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en España.
10/06/2020
Analizando varios países, vemos que las medidas más eficaces para reducir la pobreza infantil son las ayudas monetarias y la prestación por hijo a cargo. Y, aunque la cuestión en España es de ampliación de recursos, también influye el tener un enfoque correcto, un enfoque de inversión en las personas, que conjugue las políticas monetarias con medidas dirigidas a garantizar el acceso a servicios de calidad a las familias con hijos, políticas de fomento del empleo, la conciliación y la participación infantil, entre otras.
España es un país con muy altos niveles de pobreza infantil: el 29,6% de los niños y niñas estaba en riesgo de pobreza o exclusión antes de esta crisis, una de las tasas más altas de Europa. Se trata de un problema estructural, pero que se ha ido agravando con la crisis (especialmente por el desempleo en las familias con hijos) y con la respuesta política y económica ante ella (fuerte reducción del gasto en políticas sociales de familia y niños, educativas, etcétera).
Ingreso Mínimo Vital: España invierte menos de la media europea
En este proceso hay varios fenómenos llamativos en cuanto a las tendencias de los últimos años: se está ampliando rápidamente la distancia y la inequidad en el ingreso entre los hogares con niños y los hogares sin niños, entre los adultos y los niños -y especialmente entre los mayores de 65 años y los menores de 18- y la inequidad en el ingreso entre los propios niños y niñas como grupo.
¿Y cuál es la situación de España en relación a la inversión que hace en protección social de los niños y sus familias? Sabemos que España invierte poco más de la mitad de la media europea en protección social de los niños y niñas y sus familias.
Ese gasto es del 1,3% del PIB, frente al 2,4% de la media europea (datos de 2014), lo que deja a España en el puesto 23 de los 28 países de la UE. Esta debilidad es aún más evidente en lo que respecta al gasto en prestaciones monetarias para la familia y la infancia (0,5% del PIB), el más bajo de toda la UE, frente al 1,6%, más del triple, de media de la UE (ESSPROS, Eurostat, 2012).
Ingreso Mínimo Vital: grupos más vulnerables
Nuestro país tiene un enorme reto con la pobreza infantil y con la desigualdad, como advirtió a principios de 2020 el Relator Especial de Nacionales Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos. Para las familias que ya estaban en situación de pobreza, o para los niños y niñas tutelados, refugiados o migrantes, y víctimas de abusos y violencia, la crisis de la COVID-19 no hace más que multiplicar exponencialmente su sufrimiento y vulnerabilidad. A ello debemos sumar aquellas familias que se están viendo arrastradas a la precariedad y/o la exclusión como consecuencia de la coyuntura que estamos viviendo.
En este contexto, la protección social tiene significativos impactos sobre la infancia más vulnerable y sus familias. En base a la experiencia que tenemos en UNICEF en la gestión de crisis humanitarias, sabemos, y cada vez más actores internacionales así lo constatan, de la efectividad y la eficacia de las trasferencias de efectivo en este sentido.
Ingreso Mínimo Vital: tramitación ágil y rápida
Las transferencias y prestaciones en efectivo pueden marcar la diferencia y ayudar eficazmente a sentar las bases para la creación de un sistema de protección social sólido que contribuya a reducir la pobreza infantil a corto y largo plazo.
Por todo esto, desde UNICEF España celebramos la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y confiamos en la tramitación ágil y rápida para sus beneficiarios, que cuentan los días para acceder a ella.
Esta crisis ya ha incrementado notablemente los potenciales beneficiarios de esta ayuda, por las consecuencias que está teniendo y tendrá en los ingresos de las familias. Por ello valoramos que se trate de una medida estructural que asegure una red de protección económica a quienes ya sufrían la exclusión social, a quienes se han incorporado en las semanas que llevamos de crisis, y a los que desgraciadamente irán cayendo en esta situación en los próximos tiempos.
Ingreso Mínimo Vital: familias en situación de pobreza moderada
Muchos hogares dejarán de recibir la prestación por hijo y no podrán acceder al IMV. No se puede permitir que los hogares se queden anclados en una situación de pobreza. Urge, por tanto, cubrir a familias con hijos en situación de pobreza moderada, buscando alternativas, para cubrir las necesidades de los niños de capas muy vulnerables y de la clase media.
Por otro lado, si no queremos dejar a nadie atrás, nos preocupan especialmente estos colectivos que no podrán acceder al IMV: jóvenes con menos de un año de residencia legal, familias en situación administrativa irregular y jóvenes ex tutelados.
Desde UNICEF España consideramos importante valorar el mantenimiento y compatibilidad con la actual prestación por hijo a cargo, como ocurre en otros países de nuestro entorno. Se trata de una prestación que tiene un fin distinto, ya que está orientada a apoyar a las familias en la crianza de sus hijos e hijas, que además puede llegar a familias que no puedan beneficiarse del IMV.
Esta medida, además, puede favorecer la natalidad en nuestro país, en un momento en que, de nuevo, con datos 2019, la natalidad se desploma con el número de nacimientos más bajo desde el año 2000 (1,23 hijos por mujer).
Ingreso Mínimo Vital: ampliación de cobertura en el futuro
A futuro, vemos necesario, que se dé una ampliación de cobertura. Hay que trabajar con las comunidades autónomas para que se vaya incrementando y ver posibilidades y necesidades de ajuste. La continua evaluación que la medida lleva consigo es fundamental para garantizar la eficacia de la misma.
Una vez se implemente el IMV estatal, las políticas públicas deben centrarse en proteger a colectivos que sin estar en pobreza extrema tendrán todavía muchas necesidades y son muy vulnerables. Parece claro que políticas complementarias que ayuden a las familias de renta baja con menores a su cargo, el diseño de instrumentos que reduzcan la segregación educativa por origen social en las escuelas, o el desarrollo de políticas de acceso a vivienda social son puntos clave.
Por supuesto, es necesario acompañar la revisión del sistema de prestaciones con reformas en las actuales fuentes de financiación del sector público que, con carácter redistributivo, garanticen su sostenibilidad económica. Porque si no, “no dejar a nadie atrás” sí será una realidad lejana.
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