COVID-19: Hacer frente a una emergencia educativa

Nuestra experiencia en emergencias en todo el mundo nos dice que, junto a las medidas para resolver el curso escolar en vigor, hay que comenzar sin demora a planificar acciones que permitan asegurar el derecho a la educación a medio plazo. 

20 ABR 2020 

El COVID-19 ha asestado un duro golpe a nuestra sociedad. No hay aspecto de nuestra vida que no se haya visto afectado, de tal forma que nos preguntamos si, cuando demos por controlada la amenaza biológica, volveremos al punto en que iniciamos el confinamiento o a una realidad con nuevos retos. 

La emergencia sanitaria está teniendo un impacto dramático en las personas más mayores, sin olvidar otros tramos de edad, incluidos algunos menores de 18 años ingresados en hospitales (el 15 de abril representaba alrededor del 0,5% de las hospitalizaciones totales). La economía nos proyecta hacia un futuro inmediato de una importante crisis social que precisará de un hondo y sincero compromiso con los más vulnerables. 

El sistema educativo no ha sido una excepción. Se ha visto obligado a articular un "plan B" de la noche a la mañana porque la presencialidad y la concentración de personas en un mismo espacio, características básicas de nuestro modelo, se han visto condicionadas por las medidas del estado de alarma decretado. 

En estas circunstancias, las familias se han visto obligadas a asumir un nuevo modelo de relación con una escuela en plena reformulación. Equipamiento, conectividad, acompañamiento, conciliación laboral…toda una serie de requisitos que pueden truncar el desarrollo del derecho a la educación y cualquier enfoque de equidad e inclusividad. 

Del otro lado, el profesorado se está adaptando a marchas forzadas a una metodología que tiene unas claves muy distintas a las que estaban previstas y sobre un proceso en el que tiene mucho menos control del hecho educativo, una vez se ha perdido el poder protector de la escuela.

El valor de compensación social de la escuela 

En esta circunstancia hemos sido capaces de percibir el enorme valor de compensación social que tiene nuestra escuela, aun con todas sus limitaciones y carencias (abandono temprano, fracaso escolar, etc.). Esta fase de respuesta ante la emergencia nos está dejando estampas de familias angustiadas por garantizar su subsistencia, de profesores afanándose para que ningún alumno se descuelgue y hacerles llegar esos aparatos tecnológicos que la solidaridad está movilizando, de los aplausos de las ocho que nos conectan y animan. Y todo ello mientras a nuestro lado los casos de afectados se iban haciendo presentes. Preocupados por lo inmediato (finalizar el curso, evaluar, promocionar, etc.) no podemos dejar pasar que nuestro mundo más próximo ha cambiado y que debemos adaptarnos a una nueva realidad local y global. Que la épica ha de dar paso a la planificación. Y ahí es donde la educación puede ocupar un papel de cohesión social y vertebración de la vida comunitaria, y para eso precisa de ayuda y estímulo. 

Aspiramos a que en nuestros centros educativos el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes se desarrolle en toda su extensión y por lo tanto que sean un lugar donde: 

•  Alcancen el máximo sus capacidades. 
•  Adquieran los conocimientos, habilidades y valores necesarios para convivir en paz  y libertad en una sociedad global y sostenible. 
•  Compartan un espacio seguro donde sus necesidades más elementales se vean atendidas (alimentación, cuidado, protección y participación). 

Pues bien, el COVID-19 ha golpeado toda esta estructura y la pone en riesgo, tanto ahora como en los próximos tiempos. El impacto  pone en jaque incluso la agenda para el desarrollo sostenible, en su objetivo por alcanzar una educación de calidad, inclusiva, equitativa y para toda la vida. 

Adoptar un enfoque de emergencia

 

Nuestra experiencia atendiendo emergencias en todo el mundo y en toda circunstancia nos hace avanzar que, junto a las medidas de cómo resolver el curso escolar en vigor, hay que comenzar sin demora con una batería de acciones que permitan asegurar que los derechos de la infancia consagrados por nuestro ordenamiento jurídico no sufren ninguna merma y por lo tanto es fundamental avanzar en medidas eficaces ante nuevos brotes o confinamientos totales o parciales que se puedan dar al inicio del próximo curso. 

UNICEF España está trasladando a las autoridades estatales y autonómicas una serie de recomendaciones que se pueden consultar en el documento "La Educación ante el COVID-19 - Propuestas para impulsar el derecho a la educación durante la emergencia" en las que se recogen medidas tanto para paliar su efecto en el sistema educativo como para utilizar la educación como un elemento clave para superar la crisis. 

Esta situación de emergencia precisa de la máxima colaboración de todos. La cooperación entre administraciones, familias y sociedad civil, y diríamos, hasta su complicidad, deben estar al servicio de un enfoque de derechos, de no dejar a nadie atrás. Ahí no podemos olvidarnos de niños, niñas y adolescentes. Facilitarles información adaptada, incorporar sus puntos de vista y contar con su capacidad transformadora nos hará sumar unos aliados valiosísimos y les lanzaremos un mensaje claro, son ciudadanos y son parte de la solución.