Galicia: urge una ley autonómica de infancia y adolescencia

Presentamos nuestro primer informe La infancia en Galicia 2018, en el que analizamos las políticas públicas de infancia y proponemos mejoras en educación, salud, participación, protección y pobreza

13/12/2018

En Galicia no hay una ley autonómica de infancia y adolescencia, ni organismos y estructuras dedicadas específicamente al análisis de la situación y la defensa de los derechos de niños y niñas. Es una de las conclusiones a las que hemos llegado en el informe La infancia en Galicia 2018.

Por ello, recomendamos la puesta en marcha y dotación presupuestaria anual de la Estratexia Galega de Infancia e Adolescencia (EGIA), impulsar una Ley autonómica de Infancia y Adolescencia, y la creación y dotación económica y de recursos humanos del Observatorio Galego da Familia e da Infancia, entre otras propuestas.

El objetivo de este informe, realizado por un amplio equipo de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), es ampliar la calidad y la cantidad de la información sobre la situación de los niños y niñas en Galicia. Conocer mejor su realidad es la única forma de empezar a cambiarla. Y eso es lo que hemos hecho:

Educación: el número medio de años de escolarización en la educación infantil de 0 a 6 años es de 4,1, uno de los valores más altos del país. En 2017 la cifra de abandono escolar temprano descendió a un 14,6%. Por otro lado, desde el inicio de la crisis y hasta 2014 hay una caída continuada del gasto público en educación no universitaria.
Salud: Galicia es la comunidad donde se detectan más vulneraciones del derecho sanitario, especialmente en cuanto al acceso de los niños inmigrantes a los servicios de salud. Por otro lado, 1 de cada 3 niños tienen obesidad o sobrepeso.
Participación: en Galicia hay 9 Ciudades Amigas de la Infancia (Cabanas, Carnota, Castrelo de Miño, Moeche, Ourense, Porriño, Redondela, Teo y Tomiño), que cuentan con órganos estables de participación infantil. Además, este mismo año el Parlamento autonómico ha aprobado la puesta en marcha del Consello Galego da Infancia e a Adolescencia.
Protección: en los últimos años ha aumentado la cifra de menores de edad víctimas de los delitos de violencia en el ámbito familiar, y contra la libertad y la indemnidad sexual. Especial mención merecen los niños extranjeros no acompañados, ya que el sistema de acogida y protección de este colectivo presenta lagunas en Galicia, y en España en general.
Pobreza infantil y exclusion social: 1 de cada 4 niños está en riesgo de pobreza o exclusión social, una tasa inferior a la de otras comunidades autónomas.

Infancia en Galicia: una Agenda para la acción

Además de ofrecer el diagnóstico, también proponemos una serie de recomendaciones sobre las acciones y medidas a emprender para promover y proteger los derechos de los niños de la comunidad:

Garantizar el derecho a la educación y una inversión suficiente en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), valorándose mantener esta etapa en la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Seguir avanzando en la reducción de la tasa de abandono escolar temprano, situándola por debajo del 10%.
Asegurar el acceso a la atención sanitaria pública, gratuita y de calidad a todos los niños y niñas de origen inmigrante.
Poner el foco en el Plan Xermola para la prevención de la obesidad infantil.
Creación y puesta en marcha del Consello Galego da Infancia e a Adolescencia, como órgano participativo autonómico.
Difundir el Protocolo Básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, así como las Hojas de notificación de Sospecha de Maltrato Infantil entre los profesionales.
Dotar al sistema de protección de recursos económicos y humanos adecuados y suficientes para garantizar una atención individualizada a niños y adolescentes.
Promover la solidaridad y corresponsabilidad de la Xunta y del resto de gobiernos autonómicos con las comunidades que reciben mayor número de niños extranjeros no acompañados.
Establecer una prestación por hijo menor de edad a cargo de 1.200 euros al año, empezando por los más vulnerables.