Los derechos de la infancia son inherentes a cada niña, niño o adolescente independientemente de su situación, ubicación o estatus. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado internacional de derechos humanos que obliga a los Estados que la suscriben a impulsar la protección, el desarrollo y el bienestar de la infancia.

Conflictos, guerras, epidemias o desastres naturales tienen un fuerte impacto en la infancia y la adolescencia. En 2022 hay más países y territorios en conflicto que hace 30 años, lo que tiene consecuencias directas para la protección y el desarrollo de cada infancia. Verse afectada por un conflicto supone, en muchos casos, la pérdida de seres queridos, del hogar, la merma en el acceso a bienes y servicios esenciales como el acceso a agua potable, la sanidad, la educación, la alimentación o el sistema de protección.

Más de 33 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo se han visto obligados a huir de sus hogares, de los cuales alrededor de 10 millones han tenido que desplazarse fuera de sus países debido a conflictos y emergencias. Casi la mitad de las personas refugiadas en edad escolar está fuera del sistema educativa.

Para cada infancia que vive una emergencia, la educación es mucho más que el derecho a aprender. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 29, establece los objetivos de la educación, entre ellos “preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos”. 

Por su parte, los artículos 38 y 39 de la Convención abordan los conflictos armados y la recuperación y la reintegración social de la infancia víctima de conflictos armados. Además, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de la infancia en conflictos armados cobra ahora especial relevancia.

La educación debe ser una prioridad siempre, ante cualquier situación, especialmente cuando ocurre una emergencia o crisis humanitaria. El sistema educativo proporciona seguridad, protección y una sensación de rutina en la infancia; orienta a las niñas y niños a recibir atención psicosocial, supone un espacio libre de violencia y brinda acceso a otros servicios como sanidad, alimentación, agua y saneamiento.

El sistema de protección debe garantizar los derechos

Para las niñas, niños y adolescentes que se desplazan debido a una emergencia, es importante que el sistema de protección funcione de manera correcta y rápida, para lo que es necesario que las diferentes administraciones se coordinen entre sí para garantizar los derechos de la infancia. En el ámbito educativo, es necesario garantizar el acceso a la educación de las personas refugiadas desde la primera infancia y hasta la educación postobligatoria, especialmente de las niñas y niños con discapacidad. 

Los centros educativos desarrollan un papel fundamental para la infancia. No es únicamente un lugar donde aprender ciencias, matemáticas o lengua; suponen espacios protectores para la infancia. En muchos países y territorios, la escuela es el único sitio de la comunidad donde acceder a la alimentación, al agua potable o al saneamiento. Además, para que un niño o niña acuda al colegio, se ha de registrar, teniendo de esta manera un nombre y una identidad, permitiéndole acceder a otros servicios como salud o protección. 

Aunque esencial, el acceso a la educación no es suficiente si no está acompañado de políticas y programas de inclusión de las niñas y niños refugiadas que llegan a un nuevo país de acogida. Para ello, es importante desarrollar planes de aprendizaje e integración de estas personas, teniendo en cuenta la más que probable necesidad de atención y apoyo psicosocial de las personas que llegan procedente de emergencias humanitarias. 

El rol de la administración educativa

La administración educativa ha de realizar cambios en su normativa para ajustarla a la situación de crisis humanitaria derivada de una emergencia como la Guerra en Ucrania. En este sentido, para facilitar el acceso a la educación, se deben flexibilizar los requisitos de ingreso y matrícula, así como fortalecer la capacidad para incluir a estudiantes migrantes y refugiados en la escuela 

La formación del personal docente y equipo directivo es imperativa para dotarles de habilidades, capacidades y herramientas a través de las cuales proporcionar respuestas educativas integrales y pertinentes a los estudiantes refugiados y migrantes. El sistema educativo necesitará además contar con profesionales especializados en la integración de personas refugiadas y migrantes.

La actual situación requiere además de una coordinación entre diferentes administraciones y servicios; por ejemplo, con Sanidad para reforzar la campaña de vacunación contra el COVID-19, acceso a programas de salud mental y apoyo psicosocial. En esta crisis humanitaria, los departamentos de derechos sociales tienen también un papel fundamental para proteger a cada niña y cada niño frente a cualquier situación de acoso, abuso o maltrato que se produzca o se haya producido.

Los centros educativos son espacios protectores para la infancia

Los colegios son espacios libres de violencia y así debe seguir siéndolo. El coordinador/a de bienestar y protección en los centros educativos tiene un papel fundamental en este sentido, realizando un trabajo preventivo frente a cualquier tipo de violencia, acoso o maltrato, pero también interviniendo cuando se produzca alguna vulneración de derechos para que los conflictos no escalen y, cuando así se produzca, coordinarse con otras administraciones como la Policía o Servicios Sociales. 

La xenofobia, discriminación, estigmatización, acoso, abuso o maltrato ni tiene cabida ni es tolerable bajo ninguna circunstancia. Para combatirla cuando se atisbe y, sobre todo, para prevenir cualquier situación de esta característica, es necesaria la colaboración de todas las personas que integran la comunidad educativa, tanto los residentes como los recién llegados.

Cuando una niña o niño se ve obligada a abandonar su país difícilmente llevará consigo los documentos que acrediten su escolarización o nivel educativo. Al llegar al país de acogida, no contar con estos documentos suele supone un cuello de botella que retrasa o impide su escolarización, especialmente en la educación secundaria. Es por ello que la administración debe implementar medidas que flexibilicen este requisito. 

El idioma es un factor que puede ser determinante para la inclusión de las personas refugiadas en el centro educativo, tanto para el progreso escolar como para desarrollar el sentido de pertenencia a la comunidad escolar. En este sentido, las niñas y niños refugiadas requieren de apoyo tanto para conocer el idioma del país de acogida como para desarrollar su idioma natal.

Junto a la educación formal es también importante fomentar espacios de educación no formal, creando espacios de interacción del alumnado y de las familias. Fortalecer el clima escolar contribuye a que la respuesta educativa sea pertinente, se fomente la cohesión escolar y mejore la convivencia y el bienestar.

El ejemplo del CEIP Cristóbal Colón: Toda la comunidad hace un ejercicio de empatía para la inclusión

En el CEIP Cristóbal Colón de Madrid cuentan con varios estudiantes procedentes de diferentes países y territorios, entre ellos 17 niñas y niños de Ucrania. “Nuestro objetivo es que el centro sea un lugar cálido, seguro y protector para todos los alumnos”, nos asegura su jefe de estudios Juan José Bueso. El centro cuenta con un plan de acogida que pivota sobre la adaptación, integración y aceptación de los nuevos estudiantes. De esta manera, el colegio acompaña a los nuevos estudiantes desde el proceso de matrícula. 

El conocimiento del español determina la acogida, si lo desconocen, este centro organiza actuaciones de refuerzo y apoyo para el aprendizaje del idioma. “En caso de desconocer el idioma, todo lo demás es más complicado para el estudiante”, advierte Bueso. Junto a recursos tecnológicos, el centro utiliza materiales adaptados y accesibles, como imágenes o pictogramas, lo que facilita la inclusión de todo el alumnado.

En este colegio, la participación de los estudiantes es clave para la integración de las personas refugiadas. A través de compañero embajador, un estudiante del centro que conoce el idioma del nuevo estudiante, se ofrece a ayudarle y comunicarse, explicándole el funcionamiento del centro y del aula.

El centro cuenta con una asamblea en cada aula, “como un espacio de enriquecimiento, donde los niños hablan y pueden conocer sus diferencias sociales, afectivas y de origen”, a través del cual se “fomentan los hábitos de convivencia, de respeto y tolerancia”.

Para facilitar la integración de las personas refugiadas en el centro educativo, Juan José Bueso considera fundamental que “toda la comunidad educativa haga un ejercicio de empatía, ponerse en la piel de estas personas que han tenido que dejarlo todo y faciliten lo máximo posible la acogida”. El Jefe de Estudios del CEIP Cristóbal Colón considera además que el centro debe ser flexible para adaptarse a la nueva situación, “a nivel organizado como pedagógico”. 

Este colegio forma parte de la red de centros de UNICEF España y es candidato a centro referente en educación en derechos de infancia y ciudadanía global, un reconocimiento que otorga nuestra organización con el propósito de fomentar una sociedad más justa, democrática e inclusiva desde los centros educativos. 

Aridane Hernández

Técnico de Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global